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TOPIA, México – Cuando se imagina el futuro de su empresa forestal, el mexicano Javier Núñez fantasea con estufas de secado, un sitio ecoturístico con cabañas y la generación de valor agregado para la madera que procesan.
“Se va a lograr con trabajo, tenemos que dejar un fondo de inversión” para materializar las metas, aseguró a IPS el presidente del Consejo de Administración y gerente general de la compañía del Ejido Forestal Colectivo Topia.
La empresa pertenece al ejido Topia, en el norteño estado de Durango, a 1333 kilómetros de Ciudad de México. Según datos de 2020, este estado ocupa el segundo lugar nacional, detrás del vecino Chihuahua, en superficie bajo manejo forestal maderable, con 2,6 millones de hectáreas, y el primer productor de madera, 2,24 millones de metros cúbicos (m3).
“La certificación nos ha beneficiado. Por los logros obtenidos, vemos la diferencia en nuestra gente y nuestros bosques. Es cuestión de que nos decidamos a tener un mercado interno”: Javier Núñez.
El ejido es un sistema tradicional muy extendido en México, de adjudicación de tierra pública para su explotación por los habitantes de una comunidad. En el caso del de Topia posee una superficie de 7816 hectáreas, de las cuales el bosque cubre 7037. El área comercial totaliza 4152 hectáreas y la de producción forestal, 1054. Los beneficios llegan a 200 ejidatarios.
Su bosque obtuvo en 2001 la certificación del internacional Consejo Cooperativo de los Bosques (FSC, en inglés), que consiste en 10 principios que abarcan temas como impacto ambiental, las relaciones con las comunidades y los derechos de los trabajadores.
El mexicano Eduardo Mujica corta un árbol en el predio particular Zaleas, que posee la certificación del FSC de buenas prácticas sostenibles, en el estado de Durango, en el norte de México. Foto: Emilio Godoy / IPS
El mexicano Eduardo Mujica corta un árbol en el predio particular Zaleas, que posee la certificación del FSC de buenas prácticas sostenibles, en el estado de Durango, en el norte de México. Foto: Emilio Godoy / IPS
La importancia de la certificación gravita alrededor de generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la arboleda, por el almacenamiento y captura de carbono, así como la generación de aire puro y agua.
Un certificado FSC garantiza el manejo sostenible en lo ambiental y social de una explotación forestal o de empresas transformadoras de sus productos. La certificación se expresa en un sello FSC para el manejo del bosque, otro para la madera controlada y un tercero para toda la cadena de custodia de los productos finales.
Los gobiernos reconocen la validez de la certificación FSC por sus estándares estrictos al calificar las actividades. Este medio comprobó los extremos del manejo sostenible de los bosques durante un recorrido por varias comunidades de Durango que cuentan con certificación y luchan por la salud de los árboles y, por ende, de la región. Pero la paradoja radica en que el mercado y los consumidores aún no otorgan valor financiero a esas prácticas.
“Nos ha beneficiado. Por los logros obtenidos, vemos la diferencia en nuestra gente y nuestros bosques. Es cuestión de que nos decidamos a tener un mercado interno”, resaltó Núñez.
México marcha detrás de Brasil y Chile en cuanto a país en superficie certificada, con 1,36 millones de hectáreas bajo 102 títulos de gestión forestal.
Durango, donde las especies presentes son pino y encino, tiene casi 641 000 hectáreas documentadas de 35 proyectos. Además, cuenta con 205 cadenas de custodia verificadas, desde el monte hasta el consumidor final.
Esas cifras palidecen ante la realidad forestal mexicana. Este país latinoamericano se extiende por 196 millones de hectáreas (1,96 millones de kilómetros cuadrados), de las cuales 65,7 millones son boscosas, según datos oficiales.
El no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible enlista unas 4886 comunidades y ejidos forestales, de los cuales unos 2 900 explotan comercialmente el recurso. En Durango, donde opera una industria forestal consolidada, al menos 28 comunidades y ejidos aprovechan la silvicultura.
Pero en México solo siete millones de hectáreas operan con un plan de manejo y conservación.
Además, el gobierno mexicano no privilegia las compras de productos con los sellos de manejo sostenible, lo cual redunda en bajos incentivos para los bosques que proveen de esas mercancías. Y tampoco los consumidores suelen buscar cajas, papel y otros derivados de la madera con su certificado de sostenibilidad.
Zona de despacho del Grupo Sezaric, en el municipio de Santiago Papasquiaro, en el norteño estado de Durango. Un centenar de proyectos forestales abastecen de productos de madera certificada en México, pero el mercado no premia ese esfuerzo. Foto: Emilio Godoy / IPS
Zona de despacho del Grupo Sezaric, en el municipio de Santiago Papasquiaro, en el norteño estado de Durango. Un centenar de proyectos forestales abastecen de productos de madera certificada en México, pero el mercado no premia ese esfuerzo. Foto: Emilio Godoy / IPS
En el área verde, el oxígeno y el dióxido de carbono (CO2), el gas producido por la quema de combustibles fósiles y que recalienta el planeta, conviven en un proceso continuo. Un metro o 1,5 metros separan cada árbol, a veces delgados, a veces gruesos, estos últimos listos para el corte, según la programación de tala.
El espacio se llena de ruidos, especialmente de aves, y alrededor abunda la biodiversidad animal y vegetal. Sin estos bosques, el vecino estado de Sinaloa no tendría agua para sus extensos cultivos agrícolas para consumo interno y de exportación.
Del monte salen los troncos que en minutos máquinas convierten en trozos más pequeños o tablas para distintos usos en el aserradero, entre olor a madera y serrín, ruido ensordecedor y alta temperatura. Además, los ejidatarios crían ganado y plantan avena, chile, maíz y manzanos.
“Por la certificación, cuidamos el bosque. Nos hemos habituado a la idea del cuidado para los que siguen”, aseguró Noé Oropeza, gerente de Producción de la Empresa Ejidal Forestal Salto de Camellones.
Este ejido posee 12 793 hectáreas, de las cuales 11 903 cuentan con certificación desde 2001, en beneficio de 157 ejidatarios. La superficie en producción se extiende por 1432 hectáreas.
Un trabajador alimenta la caldera en la planta procesadora de madera del Grupo Sezaric, en el municipio mexicano de Santiago Papasquiaro, en el norteño estado de Durango. La instalación quema los residuos de la operación para generar toda la electricidad que necesita. Foto: Emilio Godoy / IPS
Un trabajador alimenta la caldera en la planta procesadora de madera del Grupo Sezaric, en el municipio mexicano de Santiago Papasquiaro, en el norteño estado de Durango. La instalación quema los residuos de la operación para generar toda la electricidad que necesita. Foto: Emilio Godoy / IPS
Pero Durango se enfrenta a amenazas como las explotaciones mineras, incendios forestales, que no suelen afectar a los bosques bajo manejo; la degradación del suelo y los efectos de la crisis climática, como sequías exacerbadas, temperaturas más altas e infestación de plagas.
La protección del bosque ha permitido sortear esos retos en el municipio de Santiago Papasquiaro, con su Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano Zapata, explica Antonio Virrey, presidente del Grupo Industrial Silvindustrias General Emiliano Zapata, conocido como el Grupo Sezaric.
“La certificación nos da un mejor control. Hay cambios que estipula el proceso y que debemos aplicar. Por eso, los predios tienen un buen manejo”, subrayó.
El grupo pertenece a 40 ejidos y comunidades que incluyen a 4581 ejidatarios y comuneros. Su superficie total asciende a 626 121 hectáreas, de las cuales el bosque se extiende por 445 673 hectáreas y el área productiva por otras 200 000. La empresa, que posee tres compañías, produce cada año 310 000 m3 de madera.
En 2019, la empresa inauguró una planta de bioenergía carburada con residuos forestales, como astillas y aserrín, para convertirse en la primera empresa forestal mexicana en el uso de esa tecnología, mediante una inversión de unos 2,5 millones de dólares, la mitad aportada por el grupo y la otra por la gubernamental Comisión Nacional Forestal.
La propiedad privada también juega un rol, como lo demuestra el predio particular Zaleas, de 550 hectáreas certificadas desde 2018, de las cuales 400 están bajo manejo forestal.
“Cambió la forma de pensar de la gente, porque uno veía el bosque como un beneficio económico. Hace tomar conciencia del cuidado del bosque”, dijo a IPS el propietario de Zaleas, Abraham Monarrez.
Los ejidatarios cuidan de los bosques y se alimentan de ellos, pero el reconocimiento por esa tarea ardua aún es esquivo en lo social, ambiental, climático y económico.
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Luego de casi cuatro décadas, vuelve a estallar una huelga en Teléfonos de México, ahora propiedad del hombre más rico de México, Carlos Slim. Los trabajadores acusan la violación al contrato colectivo de trabajo y piden la creación de nuevas plazas. La empresa dice que su servicio automatizado garantiza la atención a sus usuarios
Por Kau Sirenio Fotos: Alexis Rojas
CIUDAD DE MÉXICO.- El brazo izquierdo empuñó hacia el cielo, luego vinieron las consignas que se extendieron por la avenida Parque Vía: “¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos!”, mientras que mujeres y hombres amarran las banderas rojinegra en la rejas de las puertas que rodean el complejo de la telecomunicación. Es el estallido de la huelga del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).
El emporio de telecomunicación propiedad de Carlos Slim enfrenta su primera huelga desde que el magnate mexicano obtuvo la concesión de Teléfonos de México, gracias a una maniobra legal que dispuso el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Este jueves, un minuto antes del mediodía, las trabajadoras y trabajadores de Telmex empezaron a contar hasta que marcó las 12 del día. Desde la calle se escuchó un grito agudo pero ensordecedor: “Digan una H, una U, una E, una L, una G, unaaa A. ¡Cómo dice?”. “¡Huelga! ,¡huelga!, ¡huelga!, ¡huelga!”, contestan al unísono los sindicalistas frente a las oficinas centrales de Telmex.
La última huelga que se recuerda en Teléfono de México (Telmex) fue en 1985, de ahí no ha habido otro movimiento de telefonistas. Así que esta huelga sale al exterior con dos miradas. La vieja guardia y los jóvenes sindicalistas.
“Se siente la adrenalina cuando colocas tu bandera de lucha, imagínate, en mi experiencia sindical es el primer movimiento obrero que me toca vivir”, suelta el secretario de prensa y propaganda de STRM, Cristian Israel Quiñones.
Después de que colocaron la bandera rojinegra, vino el mitin, allí, los sindicalistas denunciaron a la empresa telefónica de violar la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo en el que establece la creación de mil 942 nuevas plazas.
Otro de los acuerdos pactados en junio cuando se emplazó a huelga fue la revisión del contrato colectivo, en el que ambas partes establecieron el incremento del 4.5 por ciento al salario de los trabajadores en activos y jubilados. Mientras que el sindicato propuso un aumento de 7.5 por ciento y 3 por ciento en prestaciones.
La huelga en Telmex se extiende en 190 secciones. Solo en el norte de Sonora y Baja California el STRM no tienen representaciones, porque la empresa tiene otra denominación: Teléfonos del Norte (Telnor).
Mientras Cristian conversa con el medio, los trabajadores se organizan en grupos de diez sindicalistas para montar guardia en las cinco puertas del complejo. Otro grupo resguarda un edificio más de Telmex por la calle Río Amoy.
“Son varios edificios que conforman las oficinas de Telmex”, comparte Cristian Israel.
De otro lado de la calle Parque Vía, se escuchan las consignas que alientas a los sindicalistas de STRM. Tomaron el control de las instalaciones de Telmex para presionar a la parte patronal para que se sienten a la mesa de trabajo con el fin de avanzar la negociación del pliego petitorio.
Como si en las redes sociales se resolviera la demanda de los telefonistas, empresarios y políticos emitieron sus comunicados y opinión en relación a la huelga que estalló en Teléfono de México.
La primera que se pronunció fue la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde:
“Desde la @STPS_mx informamos que en relación a la huelga en Telmex, se mantiene una mesa de diálogo. El Sindicato de Telefonistas y la Empresa, con la mediación de la #STPS, están trabajando en un acuerdo. Confiamos en que se llegará a una solución en las próximas horas”.
Seis horas más tarde la funcionaria confió que trabajadores y empresa logren un acuerdo este viernes.
Luego vino el mensaje por esa misma vía para decir que sus servicios están garantizados.
Más tarde, la empresa emitió un comunicado; argumenta que no se logró un acuerdo que garantice su viabilidad financiera y dijo que continúan las negociaciones.
Reiteró que los usuarios contarán con el servicio.
“TELMEX garantiza la calidad y continuidad de todos sus servicios de telecomunicaciones gracias a su tecnología de última generación, que le permite contar con una red que opera de manera autónoma”.
Otros sindicatos aliados de STRM, como el STUNAM y el de SUTNotimex, llegaron a Parque Vía para expresar su solidaridad con los telefonistas. Desde el aparato de sonido se comprometieron con los trabajadores de Telmex a acompañarlos para alcanzar la firma del nuevo contrato colectivo.
Cristian dice que de las 190 secciones de STRM las conforman 60 mil trabajadores y alrededor de dos mil jubilados.
“Estamos todos en una sola causa, aquí no están los charros, ni los esquiroles. No te puedo negar que hay disidencia, si los hay, pero llegaron aquí con la misma bandera de lucha que es la dignidad de los trabajadores”.
El secretario de Prensa y propaganda de STRM dice que una de las demandas principales de los sindicalistas viene desde hace años, cuando los directivos y accionistas de Telmex planearon una estrategia para deshacerse de la empresa para consolidar a América Móvil. “Hace tiempo que no se invierte para modernizar la infraestructura de la red de telefonía, como consecuencia genera pérdida en el mercado”.
Así se ondeo la bandera rojinegra en las oficinas centrales de una de las empresas del hombre más rico de México.
Las Organizaciones de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), y Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), celebran la liberación de indígenas defensores de derechos humanos Basilisa Montaño Gutiérrez, Osvaldo Carrera Alfonso y Eruviel Aguilar Gómez.
En torno a las 11 de la mañana, ayer 20 julio, salieron en libertad bajo proceso, la defensora indígena de derechos humanos Basilisa Montaño Gutiérrez y los activistas indígenas Osvaldo Carrera Alfonso y Eruviel Aguilar Gómez, del Centro de Reinserción Social Regional en Tehuacán, Puebla, quienes por defender su tierra y territorio y sus derechos políticos tras la pasada elección de 2021 en Coyomeapan, fueron privados de libertad con delitos fabricados.
La organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, y Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que ha llevado la defensa ante las Naciones Unidas, a través de Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, fue quien acompañó a Basiliza Montaño, y lamentó que el activista indígena Gonzalo Martínez Herrera, siga en el CERESO, acusado falsamente de homicidio.
Ambas organizaciones manifestaron que no se puede encarcelar a las y los defensores de derechos humanos, por ejercer su derecho a la defensa de la tierra y el territorio y sus derechos políticos, por lo que expresaron su indignación por el tiempo injustamente encarcelados, como una represalia por la defensa de su autonomía de la comunidad de Coyomeapan.
Basiliza Montaño y los activistas indígenas sufrieron hostigamiento y represalias por parte de los hermanos David y Araceli Celestino Rosas, para silenciar sus denuncias sobre la imposición del esposo de Araceli, como presidente municipal de Coyomeapan, Rodolfo García; y con la tolerancia del gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, los Celestino Rosas coordinaron una serie de agresiones de terror, como la detonación de explosivos y ataques con armas de fuegos, contra la población de Coyomeapan, la cual se mantiene pacíficamente en resistencia.
Los defensores litigantes, encabezados por la abogada María Magdalena López Paulino, Ericka Zamora Pardo y Blanca Vera Mendoza Ramírez, también responsables del comunicado público, enfatizaron en que el Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones sobre la prevención, investigación y sanción a las violaciones de derechos humanos; y que sin embargo han tenido que recurrir a instancias internacionales para hacer valer estas garantías constitucionales a los defensores indígenas.
El Estado debe de cumplir las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y proteger los derechos de Basilisa Montaño Gutiérrez, Osvaldo Carrera Alfonso, Eruviel Aguilar Gómez y Gonzalo Martínez Herrera, e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de dichas violaciones, así como las medidas de no repetición.
Así mismo, La Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), y Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), representantes de la defensora indígena de derechos humanos Basilisa Montaño Gutiérrez, ante los Relatores subrayaron que no se puede detener la labor de los defensores y se exige un alto a la represión política contra los habitantes de Coyomeapan.
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AMEXCAN USA y AMEXCAN México abren un espacio de dialogo con distintos actores para que en conjunto puedan sumar esfuerzos para atender a los mexicanos que radican en Estados Unidos y a sus familias en las comunidades de origen.
En una primera reunión se contará con la participación de instituciones educativas y de gobierno del estado, con las cuales AMEXCAN ha llevado a cabo convenios de colaboración en favor de la comunidad migrante.
Juvencio Rocha Peralta, director ejecutivo de AMEXCAN, recordó que esta asociación lleva más de 20 años trabajando en defensa de la comunidad migrante, no sólo de Veracruz, sino originarios de otras entidades mexicanas.
Destacó que hoy más que nunca se necesita de aliados comprometidos y con voluntad para tratar de contrarrestar la difícil y comprometedora situación de los migrantes en tránsito, residentes y sus familias en lugares de origen.
Añadió que AMEXCAN espera construir un plan de trabajo binacional con aliados en Veracruz, estado que es parte central del gran trabajo que realiza esta asociación en Estados Unidos y en nuestro país.
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