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El segundo año de la pandemia en la Argentina reflejó un incremento de las denuncias por violencia de género y contra niñas y niños respecto de 2020. Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las demandas se incrementaron en un 18%, mientras que las consultas informativas registraron una suba del 36%.
Las cifras en territorio de la Ciudad de Buenos Aires son alarmantes. La violencia doméstica no sólo se incrementó en el momento de las mayores restricciones de circulación por el avance del covid-19, cuando las mujeres y niños/as estuvieron más expuestas al maltrato puertas adentro, sino que también recrudeció un año después.
Durante el 2021 la OVD atendió en total 8.741 denuncias, mientras que recibió 7.339 consultas informativas.
De acuerdo con el nuevo Informe Estadístico de la Oficina que depende del máximo Tribunal, la violencia no distinguió sexos en la primera infancia (de 0 a 10 años) registrándose proporciones similares de niñas y niños afectados. Por el contrario, la relación de mujeres afectadas por cada varón aumenta considerablemente año a año, a una proporción máxima de casi 14 a 1 en la franja etaria de 22 a 29 años.
Respecto de los sectores sociales más afectados, el 44% correspondió a un nivel socioeconómico bajo; 17%, medio-bajo; 26%, medio y 13%, medio-alto. En total, de las 9.522 personas que fueron denunciadas el 77% son varones y el 23% restante, mujeres.
Según el reporte, “en promedio, a lo largo de la vida, hay 3,5 mujeres afectadas por violencia doméstica por cada varón”, siendo el vínculo de pareja el más usual entre las personas afectadas y las denunciadas, con un 49% del total. A su vez, dentro del vínculo de pareja, el 67% de los casos corresponde a exparejas, 17% a convivientes, 13% a cónyuges y 3% a novias/os.
En casi todos los casos (97%) la violencia psicológica estuvo presente y más de la mitad (52%) incluyeron violencia física.
Respecto de la respuesta del Estado para la protección de las víctimas, según el mismo estudio, casi la totalidad de las denuncias requirieron intervención judicial. En 7 de cada 10 casos se ordenaron prohibiciones de acercamiento y contacto.
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